Por Ladislao Mello – Socio fundador de la ACCP
Los Derechos Humanos son inherentes a la condición de la persona humana y por lo tanto son irrenunciables, intransferibles y universales. Son inalienables, nadie ni siquiera el estado los puede eliminar y por lo tanto son inviolables e irreversibles. Son además imprescriptibles y progresivos, una vez reconocidos, su vigencia permanece y su alcance se desarrolla en el tiempo.
Ante un mundo devastado por la miseria de la guerra, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba y proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948. Es un documento de 30 Artículos y un Preámbulo que en su primer párrafo expresa: “Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”.
Dentro de la clasificación de los Derechos Humanos, tenemos los considerados de primera generación: Los derechos civiles y políticos, los de segunda generación se refieren a los derechos económicos, sociales y culturales y los de la tercera generación a los derechos de los pueblos o los derechos de la solidaridad. Ya se habla también de los derechos de la cuarta generación, los derechos de dimensión planetaria relacionados con la naturaleza que cobra fuerza a partir de la proclamación de la Carta de la Tierra o Declaración de Río (1992).
El conocimiento y la toma de conciencia así como la defensa y la promoción de los Derechos Humanos son tan fundamentales para toda sociedad civilizada. Obrar en contra o menoscabar su alcance pueden ser una grave y peligrosa regresión. En su aplicación la mirada está puesta fundamentalmente en la gestión del estado que tiene la obligación de garantizar su vigencia. Por eso es que si el estado, obligado a protegerlos, es el que los viola, el resultado es un acto terrible de consecuencias funestas. Pero la obligación de proteger y promocionar su vigencia también corresponde a toda la sociedad y a cada uno en particular. La ciudadanía debe estar muy atenta porque la violación de los derechos fundamentales de cualquier persona en cualquier lugar, por su universalidad, viola también el derecho de cada uno. Por sobre todo se debe tener conciencia clara de que la falta de alimentos, de agua potable, de salud, educación y de vivienda es un atentado contra el derecho a la vida. Por ello quienes abusan del poder político y de los cargos públicos para beneficiarse y beneficiar a sus allegados y familiares en detrimento de una gran mayoría de conciudadanos, son violadores de los derechos humanos. Es por eso que la indignación no debe amainar y su fuerza debe acrecentarse cada día. Debemos estar convencidos de que la corrupción y la impunidad constituyen, los más serios y miserables agravios a la vigencia de los Derechos Humanos Fundamentales en nuestro país, situación que no podrá revertirse sin la fuerza de la indignación y la participación organizada y constante de toda la ciudadanía.
